ABC LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (I)
Introducción
La Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional es la herramienta normativa que regula el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública en Colombia. Tiene como objetivo que la información en posesión, custodia o bajo control de cualquier entidad pública, órgano y organismo del Estado colombiano, persona natural o jurídica de derecho privado que ejerza función pública delegada, reciba o administre recursos de naturaleza u origen público o preste un servicio público, esté a disposición de todos los ciudadanos e interesados de manera oportuna, veraz, completa, reutilizable y procesable y en formatos accesibles.
Así, la ley establece una serie de disposiciones encaminadas a proteger este derecho fundamental, a través de: 1) el fortalecimiento de algunas obligaciones consignadas en otras normas que facilitaban el acceso a la información, 2) ampliando las categorías existentes de personas naturales y jurídicas obligadas al cumplimiento de las mismas, 3) estableciendo nuevos deberes y obligaciones en materia de publicación de información y respuesta a solicitudes de información y, 4) afianzando el sistema de acceso a la información pública en Colombia a partir de mecanismos de protección del ejercicio del derecho, más eficientes e incluyentes.
Sin embargo, uno de los grandes retos es contar con una ciudadanía bien informada acerca del cómo se hace efectivo su derecho de acceso a la información, no sólo porque fomenta la transparencia en la gestión pública, el buen gobierno y la eficiencia administrativa a través de la rendición de cuentas y la exigibilidad de resultados, sino porque una ciudadanía informada puede ejercer plenamente otros derechos fundamentales y tomar decisiones más acertadas. Así, una ciudadanía bien informada, es una ciudadanía que conoce sus derechos, que los ejerce plenamente, que exige rendición de cuentas y que participa en los asuntos públicos.
¿Qué es la Transparencia?
De acuerdo con la Corporación Transparencia por Colombia (2010), la transparencia es el “marco jurídico, político, ético y organizativo de la administración pública” que debe regir las actuaciones de todos los servidores públicos en Colombia, implica gobernar expuesto y a modo de vitrina, al escrutinio público. La transparencia tiene tres dimensiones: a. Transparencia de la gestión pública, que implica la existencia de reglas claras y conocidas para el ejercicio de la función pública (planeación, decisión, ejecución y evaluación de programas y planes), así como de controles para la vigilancia de las mismas. b. Transparencia en la rendición de cuentas, que conlleva la obligación de quienes actúan en función de otros, de responder eficaz y recíprocamente sobre los procesos y resultados de la gestión pública. c. Transparencia en el acceso a la información pública, que supone poner a disposición del público de manera completa, oportuna y permanente, la información sobre todas las actuaciones de la administración, salvo los casos que expresamente establezca la ley.
En este sentido, la transparencia no es un fin, sino un medio por el cual la administración pública se hace más eficiente y la ciudadanía conoce de antemano las actuaciones de sus servidores públicos. Ya sea a través del comportamiento integro de los servidores públicos, de la constante rendición de cuentas de la gestión pública hacia los ciudadanos, y de la garantía del acceso a la información pública.
¿Qué es el Derecho de Acceso a la Información Pública?
El acceso a la información pública es un derecho fundamental, reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13, el cual recalca la obligación de los Estados de brindar a los ciudadanos acceso a la información que está en su poder. Así mismo, establece el derecho que tenemos todos los ciudadanos de buscar, solicitar, recibir y divulgar aquella información pública, en manos de los órganos, entidades y funcionarios que componen el Estado. El ejercicio de este derecho fundamental se basa en el hecho que los ciudadanos han depositado en el Estado ciertas atribuciones, razón por la cual la información que el Estado posee le pertenece a toda la sociedad por derecho, lo cual permite su exigibilidad.
De manera más general el derecho de acceso a la información pública se relaciona y conecta internacionalmente con el derecho de libertad de expresión. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 19 manifiesta que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
En gran medida, el reconocimiento del acceso a la información como derecho autónomo e independiente, procede de la gran demanda ciudadana por conocer las actuaciones de los gobiernos, controlar la corrupción, conocer los bienes y servicios a los que los ciudadanos tienen derecho y más recientemente, como mecanismo para conocer la verdad con respecto a violaciones graves de derechos humanos. Sin embargo, no se limita a esto.
El acceso a la información es un ejercicio diario que los ciudadanos llevan a cabo para acercarse a la administración pública, conocer información general y de interés, y garantizar otros derechos.
En gran medida, el reconocimiento del acceso a la información como derecho autónomo e independiente, procede de la gran demanda ciudadana por conocer las actuaciones de los gobiernos, controlar la corrupción, conocer los bienes y servicios a los que los ciudadanos tienen derecho y más recientemente, como mecanismo para conocer la verdad con respecto a violaciones graves de derechos humanos. Sin embargo, no se limita a esto.
El acceso a la información es un ejercicio diario que los ciudadanos llevan a cabo para acercarse a la administración pública, conocer información general y de interés, y garantizar otros derechos. Así, el derecho de acceso a la información pública no sólo es fundamental para hacer control social a la administración pública, conociendo sus actuaciones, sino que también es esencial para la realización y ejercicio de otros derechos fundamentales. En esta medida, una sociedad bien informada, es una sociedad empoderada que ejerce sus derechos plenamente, que exige y que hace control sobre lo que le afecta.
¿Por qué tener una Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública?
Si bien el acceso a la información pública en Colombia estaba reglamentado a través de numerosos instrumentos normativos, su ámbito de aplicación era acotado a determinados sujetos obligados y no todos aquellos que controlan o elaboran información pública eran sujetos de las obligaciones normativas. En principio, el derecho de acceso a la información está protegido y reconocido en la Constitución Política de 1991 en su artículo 74. Éste hace referencia a la garantía general de todos los ciudadanos de acceder a los documentos públicos, salvo los casos por ley. Adicionalmente, la Constitución contempla otras disposiciones relacionadas al derecho en cuestión. El artículo 20 protege el derecho de toda persona de expresarse libremente y con ello de informarse y recibir información veraz e imparcial. Igualmente, el artículo 23 establece el derecho de toda persona de presentar peticiones respetuosas a las autoridades y a que estas sean respuestas con brevedad. Y finalmente el artículo 15 establece que los ciudadanos “tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellos en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas” haciendo referencia al derecho de Habeas Data. Sin embargo, a pesar de que este derecho está contemplado en la Constitución, se hace necesario regular y reglamentar todos los procedimientos, mecanismos y herramientas para garantizar su pleno ejercicio. Es por esto, que a pesar de contar con numerosas leyes y decretos en la materia era fundamental unificar criterios y contar con un cuerpo normativo robusto, consistente y acorde a los estándares internacionales y a las necesidades ciudadanas. De tal forma, las razones que fundamentan la existencia de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública son: 1. Posicionar el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental plenamente reglamentado. 2. Ampliar el ámbito de aplicación del sistema de acceso a la información, aumentando el número de sujetos obligados garantizando así el derecho en su expresión más amplia. Y 3. Clarificar y ampliar los instrumentos y herramientas para el ejercicio del derecho fundamental.
¿Cuáles son los beneficios de contar con una Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública?
Son muchos los beneficios que para un Estado y para la ciudadanía en particular, trae el contar con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, se pueden enumerar tres razones fundamentales por las que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública puede mejorar nuestras vidas: 1. Es una herramienta fundamental de participación democrática, 2. Es un medio de empoderamiento de los ciudadanos y 3. Es un derecho facilitador de otros derechos humanos. 1. Como herramienta de participación democrática, permite conocer las actuaciones del gobierno, controlar su funcionamiento y gestión y controlar la corrupción a. garantizando el acceso a la información pública, los ciudadanos pueden conocer de antemano la gestión de sus gobiernos, la ejecución de las políticas, planes y programas; y así indagar y cuestionar si se están ejecutando adecuadamente los recursos públicos y si se están cumplimiento efectivamente las funciones públicas, ejerciendo así la función fundamental de control social de la gestión pública. b. El riesgo de corrupción en el Estado es más alto cuando no existe conocimiento de los actos que éste realiza, en esta medida, si se permite que todos accedamos a la información corres-pondiente al funcionamiento, estructura, procesos y decisiones del Estado serán menos los espacios para realizar actos de corrupción. Adicionalmente, la posibilidad de que los ciudadanos podamos conocer aquella información en uso de los servidores públicos en la ejecución de programas y proyectos, nos da la oportunidad de evaluar la eficiencia y la pertinencia de los mismos; y así cerciorarnos que la ejecución del presupuesto público responda a las necesidades sociales y no a intereses particulares. 2. Como medio para empoderar a los ciudadanos, en tanto habilita a las personas a tomar decisiones informadas sobre los hechos que afectan su vida: como principio general, con mayor de información disponible, tenemos más opciones a la hora de tomar una decisión. Con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información los ciudadanos tendremos mayor acceso y mayor disponibilidad a la información que afecta nuestras vidas lo que conlleva a una mejor decisión individual y mayor autonomía 3. Como instrumento facilitador de otros derechos humanos: el ejercicio del derecho de acceso a la información pública tiene un valor instrumental en el ejercicio de otros derechos fundamentales, ya que sin el conocimiento y la información sobre el contenido y las formas y medios de ejercer los derechos humanos, se imposibilita el pleno goce y disfrute de los mismos. Solo accediendo a la información pública que el Estado produce o administra sobre programas y proyectos para el ejercicio de los derechos humanos, los ciudadanos podemos conocer su existencia o su inexistencia, y con ello participar de ellos, y si es el casi exigir su aplicación.
