¿Qué sigue tras la aprobación en el Congreso de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992?
Ahora solo resta la sanción presidencial de esta nueva Ley de la República, que abrirá paso a su reglamentación mediante mesas de trabajo con el DANE y a la presentación de un nuevo proyecto de ley de reforma integral, dando inicio al segundo tiempo de la educación superior pública en Colombia.
ras la aprobación en el Congreso de la República de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, el país entra ahora en una fase clave: hacer realidad el nuevo modelo de financiación que garantiza recursos suficientes y acordes con los costos reales de la educación superior pública.
Durante más de tres décadas, la Ley 30 estableció que los recursos para las universidades públicas crecieran cada año según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, este indicador está basado en una canasta de bienes como alimentos, transporte o servicios básicos, y no refleja el verdadero costo de la educación superior, que crece a un ritmo mayor por factores como salarios docentes, investigación, laboratorios, infraestructura y tecnología.
Esta diferencia acumulada fue la causa principal de la desfinanciación estructural que enfrentaron las universidades públicas durante años.
A partir de ahora, los recursos para las instituciones de educación superior públicas crecerán con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE, o con el IPC, el que sea mayor, garantizando así una protección financiera real y sostenible.
En términos sencillos, la plata para la educación superior crecerá de acuerdo con lo que realmente cuesta educar, y no con un indicador que no refleja esa realidad.
Una vez el presidente Gustavo Petro sancione la ley, el Ministerio de Educación Nacional convocará mesas de trabajo con el DANE, autoridad estadística del país, para ajustar y fortalecer la metodología del ICES, garantizar que este índice mida cada vez con mayor precisión los costos reales de la educación superior y aplicar el mecanismo contra cíclico previsto en la ley, que permite usar el IPC cuando este supere al ICES y viceversa, protegiendo siempre los recursos del sistema.
Este trabajo técnico será clave para que la ley se implemente correctamente desde su entrada en vigor.
Y después: la reforma integral
Con la financiación asegurada, el Gobierno del Cambio avanzará en el segundo tiempo: la radicación de una reforma integral a la educación superior, que aborde de manera estructural el sistema y consolide la educación como un derecho y no como un negocio.
"Hicimos primero lo urgente: corregir la desfinanciación histórica. Ahora, con la base financiera clara, vamos por una reforma integral que garantice el derecho a la educación superior para todas y todos", señaló el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.
Para ir a la nota original
haga CLIC AQUÍ
