ACERCA DE LA BUENA GOBERNANZA Y LOS DERECHOS HUMANOS
(ACNUDH)La buena gobernanza es el proceso por el cual las instituciones públicas dirigen los asuntos públicos, gestionan los recursos comunes y garantizan la realización de los derechos humanos mediante una actuación libre de abuso y corrupción, y con el debido respeto hacia el Estado de Derecho. La auténtica prueba de una 'buena gobernanza' es el grado en el que hace realidad la promesa de los derechos humanos: derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
¿En qué consiste la buena gobernanza?
El concepto de gobernanza hace referencia a todos los procesos de gobierno, instituciones, procedimientos y prácticas mediante los que se deciden y regulan los asuntos que atañen al conjunto de la sociedad. La buena gobernanza añade una dimensión normativa o de evaluación al proceso de gobernar. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la gobernanza se refiere, sobre todo, al proceso mediante el cual las instituciones públicas dirigen los asuntos públicos, gestionan los recursos comunes y garantizan la realización de los derechos humanos.
Aunque no existe consenso internacional sobre la definición de 'buena gobernanza', su sentido podría abarcar las características siguientes: respeto pleno de los derechos humanos, Estado de Derecho, participación efectiva, asociaciones de múltiples interesados, pluralismo político, procesos e instituciones transparentes que rindan cuentas, un sector público eficiente y eficaz, legitimidad, acceso al conocimiento, información y educación, empoderamiento político de la población, equidad, sostenibilidad, y actitudes y valores que fomenten la responsabilidad, la solidaridad y la tolerancia.
En resumen, la buena gobernanza está vinculada a los procesos y resultados políticos e institucionales necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo. La auténtica prueba de una 'buena gobernanza' es el grado en el que hace realidad la promesa de los derechos humanos: derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. La pregunta fundamental es: ¿Garantizan eficazmente las instituciones de gobierno el derecho a la salud, a la vivienda adecuada, a la alimentación suficiente, a la educación de calidad, a la justicia imparcial y a la seguridad personal?
Atributos de la buena gobernanza
El Consejo de Derechos Humanos ha definido los atributos esenciales de la buena gobernanza, a saber: transparencia; responsabilidad; rendición de cuentas; participación; capacidad de respuesta (a las necesidades de la población)
¿Cómo se vinculan la buena gobernanza y los derechos humanos?
La buena gobernanza y los derechos humanos se refuerzan mutuamente. Los principios y criterios de derechos humanos proporcionan un conjunto de valores que orientan la labor de los gobiernos y otros agentes políticos y sociales. Al mismo tiempo, constituyen un conjunto de baremos que sirven para medir la gestión de esos agentes. Además, los principios de derechos humanos modulan los esfuerzos en pro de la buena gobernanza: pueden condicionar la elaboración de marcos legislativos, políticas, programas, asignaciones presupuestarias y otras medidas.
Por otra parte, sin buena gobernanza no es posible proteger y respetar de manera sostenible los derechos humanos. La aplicación de los derechos humanos requiere la creación de un contexto propicio. Este comprende los marcos jurídicos y las instituciones adecuadas, así como los procesos políticos, administrativos y de gestión necesarios para responder a los derechos y las necesidades de la población.
Los vínculos entre la buena gobernanza y los derechos humanos pueden estructurarse en torno a cuatro ámbitos: 1. Instituciones democráticas. Cuando están guiadas por valores de derechos humanos, las reformas de las instituciones democráticas orientadas a mejorar su gobernanza generan oportunidades para que la población pueda participar en la formulación de políticas, ya sea mediante instituciones formales o consultas informales. Esas medidas también crean dispositivos que permiten la integración de muchos grupos sociales en los procesos de toma de decisión, en particular en los de ámbito local. Por último, esas reformas pueden alentar a la sociedad civil y las comunidades locales a que expresen sus posiciones en asuntos que revisten importancia para ellas. 2. Gestión de los servicios públicos. En el ámbito de la gestión de los servicios que el Estado presta a la población, las reformas encaminadas a mejorar la gobernanza promueven los derechos humanos, al aumentar la capacidad del Estado para cumplir con su responsabilidad de proporcionar bienes públicos esenciales para la protección de diversos derechos humanos, tales como el derecho a la educación, a la salud y a la alimentación. Las iniciativas de reforma pueden comprender mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, herramientas políticas de sensibilidad cultural que aseguren que los servicios son accesibles y aceptables para todos, y vías para fomentar la participación de la población en la toma de decisiones. 3. Estado de Derecho. En lo tocante al Estado de Derecho, las iniciativas de reforma legislativa y consolidación institucional basadas en los derechos humanos abarcan desde la mejora del sistema penal hasta los tribunales y parlamentos, con miras a perfeccionar la aplicación de la ley. Las iniciativas orientadas a mejorar la gobernanza pueden incluir la promoción de reformas legislativas, el fomento de la sensibilización pública hacia el marco jurídico nacional e internacional, el aumento de capacidades o la reforma institucional. 4. Anticorrupción. En la lucha contra la corrupción, los esfuerzos orientados a mejorar la gobernanza se basan en principios tales como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación, que permiten elaborar medidas contra esa lacra. Entre esas iniciativas pueden figurar la creación de instituciones tales como las comisiones anticorrupción, los mecanismos de intercambio de información, el monitoreo del uso de los fondos públicos y la ejecución de políticas a cargo del gobierno.
El costo de la corrupción
Actualmente se calcula que cada año se paga en sobornos el equivalente a 1 billón de dólares estadounidenses, mientras que unos 2,6 billones se sustraen mediante la corrupción -una suma que equivale a más del 5 por ciento del PIB mundial-. En los países en desarrollo, según informa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que los fondos perdidos a causa de la corrupción equivalen a 10 veces el importe de la ayuda oficial al desarrollo. La corrupción es un delito grave que puede socavar el desarrollo social y económico en cualquier sociedad. Ningún país, región o comunidad es inmune a esta lacra.
Las Naciones Unidas combaten esta lacra mundial mediante iniciativas como la campaña global lanzada conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en 2003, es el único instrumento anticorrupción vinculante y universal existente en la actualidad. Más información sobre la corrupción y los derechos humanos.
La labor del ACNUDH en materia de buen gobierno
El ACNUDH se ha comprometido a trabajar con los Estados, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil para fomentar un entorno que respete y proteja los derechos humanos a través de la buena gobernanza. Esto significa garantizar que los marcos jurídicos, las instituciones y los procesos políticos, de gestión y administrativos respondan a los derechos y necesidades de la población. Las normas de derechos humanos proporcionan un conjunto de valores que guían el trabajo de los gobiernos y otros actores políticos y sociales, y también garantizan que puedan rendir cuentas.
