ALCALDES MUNICIPALES Y DISTRITALES: CALIDADES, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y
PROHIBICIONES
Por: Rafael Enrique Lara Marriaga
Introducción. La
Constitución Política de 1991, prevé que en cada
municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y
representante legal del municipio, el cual será elegido popularmente para
periodos institucionales de cuatro (4) años, y sin que pueda ser reelegido para
el periodo siguiente[1].
El alcalde es el encargado de ejercer la autoridad política en el territorio de
su jurisdicción; es, además, la primera autoridad de policía[2]
del municipio y tiene el carácter de empleado público del mismo[3].
Además, las alcaldías, así como
las superintendencias, las gobernaciones, los establecimientos públicos y las
empresas industriales o comerciales del Estado, forman parte de la rama
ejecutiva del poder público[4].
Cabe señalar que al alcalde del distrito
capital se le denomina alcalde mayor, en tanto que a los del municipio núcleo
de un área metropolitana, alcalde metropolitano; a los de los distritos
especiales, alcaldes distritales; a los de las localidades, alcaldes locales, y
a los de municipios, alcaldes municipales. En este documento nos ocuparemos de
los distritales y municipales, y sólo marginalmente -- de darse el caso -- nos
referiremos a los otros.
Calidades para ser elegido
alcalde[5]. Para ser elegido alcalde se requiere ser
ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente en el
respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana durante un año
(1) anterior a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo de tres
(3) años consecutivos en cualquier época.
Entretanto, para ser elegido
alcalde de los municipios del departamento archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, en materia de calidades se requiere, además de
las determinadas por la ley, ser residente del departamento conforme a las
normas de control de densidad poblacional y tener domicilio en la respectiva
circunscripción por más de diez (10) años cumplidos con anterioridad a la fecha
de la elección[6].
Inhabilidades[7]. En esta ocasión
volvemos a reiterar que Inhabilidad es defecto o impedimento para
obtener un cargo, empleo u oficio, en tanto que calidad es el estado de
una persona, su naturaleza, su edad y demás circunstancias y condiciones que se
requieren para un cargo o dignidad; “… podrían tenerse las calidades para un
cargo, pero estar inhabilitado para ello, o lo contrario.” A su vez, “… incompatibilidad es
impedimento, prohibición o tacha para ejercer una actividad determinada cuando
se ocupa un cargo[8].”
Específicamente, no puede ser
inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o
distrital: i) Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia
judicial a pena privativa de la libertad[9],
excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de
congresista o la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una
profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones
públicas. ii) Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la
elección haya ejercido como empleado público[10],
jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el
respectivo municipio, o quien, como empleado público del orden nacional,
departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la
ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. iii) Quien dentro del año
anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante
entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con
entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre
que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. iv)
Quien dentro del año anterior a la elección haya sido representante legal de
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades
que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en
el régimen subsidiado en el respectivo municipio. v) Quien tenga vínculos por
matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro
de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil,
política, administrativa o militar en el respectivo municipio; o con quienes
dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que
administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten
servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen
subsidiado en el respectivo municipio. vi) Quien haya desempeñado el cargo de
contralor o personero del respectivo municipio en un periodo de doce (12) meses
antes de la fecha de la elección[11].
Incompatibilidades[12].
Refiriéndose al tema de las incompatibilidades e inhabilidades, el Consejo
de Estado hizo la siguiente precisión: “Aunque tanto las causales de
inhabilidad como las de incompatibilidad tienen origen en la guarda de la
moralidad pública, las primeras se caracterizan por ser situaciones anteriores
a la elección, que la vicia, porque así lo considera la ley, mientras que las
incompatibilidades son aquellas actuaciones que no pueden realizarse durante el
desempeño de un cargo determinado. Así las cosas, las causales que vician la
elección de una persona como alcalde, son de inhabilidad, no las de
incompatibilidad referidas al ejercicio de un cargo anterior que pueden ser
objeto de sanción disciplinaria pero que no vician, por sí mismas, una nueva
elección, salvo que así lo disponga la ley. Se ha dicho, también que las
incompatibilidades no pueden aducirse como fundamento de nulidad de una
elección sin que haya otra norma que así lo señale[13].”
Precisado el marco conceptual
anterior, los alcaldes, así como los que lo reemplacen en el ejercicio del
cargo no podrán: i) Celebrar en su interés particular por sí o por interpuesta
persona o en representación de otro, contrato alguno con el respectivo
municipio, o con sus entidades públicas o privadas que manejen o administren
recursos públicos provenientes del mismo. ii) Tomar parte en las actividades de
los partidos, sin perjuicio de ejercer el derecho al sufragio. iii) Intervenir
en cualquier forma, fuera del ejercicio de sus funciones, en la celebración de
contratos con la administración pública. iv) Intervenir, en nombre propio o
ajeno, en procesos o asuntos, fuera del ejercicio de sus funciones, en los
cuales tenga interés el municipio, distrito o sus entidades descentralizadas.
v) Ser apoderado o gestor ante entidades o autoridades administrativas o
jurisdiccionales, o que administren tributos. vi) Desempeñar simultáneamente
otro cargo o empleo público o privado. vii) Inscribirse como candidato a
cualquier cargo de elección popular durante el período para el cual fue elegido[14].
Duración de las
incompatibilidades de los alcaldes. La regla general es que las incompatibilidades
tengan la misma duración que el periodo para el cual el alcalde ha sido
elegido. Sin embargo, algunas tienen diferente vigencia, así: i) Tienen
vigencia durante todo el periodo constitucional y hasta doce (12) meses después
del vencimiento del mismo o de la aceptación de la renuncia, el impedimento
para celebrar en su interés particular por sí o por interpuesta persona o en
representación de otro, contrato alguno con el respectivo municipio, o con
entidades públicas o privadas que manejen o administren recursos públicos
provenientes del mismo. ii) Por igual término subsiste el impedimento para
Intervenir, en nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, en los cuales
tenga interés el municipio, distrito o sus entidades descentralizadas. iii) Tiene
vigencia durante todo el periodo constitucional y hasta veinticuatro (24) meses
después del vencimiento del mismo o de la aceptación de la renuncia, el
impedimento para inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección
popular en la respectiva circunscripción, y para lo cual se entiende que la
circunscripción nacional coincide con cada una de las circunscripciones
territoriales[15].
Cabe tener en cuenta que según la previsión contenida por el parágrafo tercero
del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, “Ningún régimen de inhabilidades e
incompatibilidades para los se4rvidores públicos de elección popular será
superior al establecido para los congresistas en la Constitución Política”[16]
Excepciones a las
incompatibilidades de los alcaldes. A pesar
del régimen de incompatibilidades que como servidor público rodea a los alcaldes,
la ley expresamente los autoriza para: i) Intervenir en las diligencias o
actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales conforme a la ley,
ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos, tengan interés; ii) Formular
reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y de multas que
graven a las mismas personas; iii) Usar los bienes y servicios que las
entidades oficiales de cualquier clase, las prestadoras de servicios públicos
domiciliarios y de seguridad social ofrezcan al público, bajo condiciones
comunes a todos los que lo soliciten[17].
Prohibiciones especiales a los alcaldes[18].
Para garantizar algunas exigencias propiciatorias de la ética pública que
implica el ejercicio de tal investidura, amén de las prohibiciones que la ley ha
creado para todos los servidores públicos y que son aplicables a los alcaldes
en cuento resulten compatibles con su cargo, a estos les está especialmente
vedado: i) Inmiscuirse en asuntos de
actos oficiales que no sean de su competencia. ii) Decretar en favor de cualquier
persona o entidad, gratificaciones, indemnizaciones o pensiones que no estén
destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley,
los acuerdos y las decisiones jurisdiccionales. iii). Decretar por motivos
políticos, actos de proscripción o persecución contra personas o corporaciones,
o decretar insubsistencias masivas. Los retiros masivos de personal solamente
podrán realizarse en los casos autorizados por la ley o cuando se ordene la
supresión, fusión o restructuración de la entidad, con arreglo a los acuerdos
que lo regulen[19].
Riohacha, 24/06/203
[1] C.P., art.314, inc. 1º, modificado por el A.L. No
02/02
[2] “El
alcalde, en su calidad de autoridad pública, comprometido como está con el cumplimiento
de los fines esenciales del Estado, deberá asegurar en especial la convivencia
pacífica y la protección a los habitantes en su vida, honra y bienes. Para la
efectiva realización de estos objetivos, al citado funcionario le corresponde
consultar la política general de orden público determinada por el presidente de
la República y, por tanto, debe obedecer las órdenes que reciba de él o de los
gobernadores. Lo anterior, porque es atribución exclusiva del alcalde la de
conservar el orden público en su localidad. Para ello, el Constituyente le ha
dado el carácter de primera autoridad de policía del municipio, y le ha
encargado a la Policía Nacional cumplir con prontitud y diligencia las
instrucciones que el mencionado funcionario imparta por intermedio del
respectivo comandante.” ( C. Const. Sent.
C-329-95).
[3] L.136/94, art. 84
[4] C.P., art. 115
[5] En relación con la
elección del Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, ver Decreto 1421 de
1993.
[6] L. 136/94, art. 86.
[7] En
relación con el Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, ver Decreto 1421
de 1993.
[8] Consejo
de Estado. Sec. 5ª, Exp. 1808/98
[9] Sobre la intemporalidad de esta inhabilidad, consultar
C. Const. Sent. C- 952-01. C.P., art. 122
[10] La
norma toma la expresión “empleado público”, sin distinguirla de “funcionario
público”, que es a la que realmente se refiere. Ciertamente, para el derecho
administrativo laboral, se suelen establecer diferencias sustanciales entre
“funcionario público” y “empleado público”. Se dice que “De manera uniforme y
constante, históricamente todos los textos constitucionales han contenido y
distinguido las dos categorías de funcionario o agente político y la de
empleados públicos o subalternos, según la atribución de autoridad o jurisdicción,
o la simple subordinación que tuvieren. Según la Constitución vigente, los
funcionarios o agentes políticos tienen autoridad o jurisdicción ( art. 99),
integran el Gobierno ( art. 115), ejercen la función política ( art. 117),
tienen fuero penal especial ( art. 173), están sometidos a censura ( art. 135,
num. 8º) por su categoría de ejercer jurisdicción, autoridad civil o política (
art. 127), su carácter de libre nombramiento y remoción, precisamente por las
razones políticas derivadas de su naturaleza política ( art. 189, numerales. 1º
y 13). Así expresan su categoría laboral y se distinguen y diferencias de
quienes nos tienen tales características, función, origen ni naturaleza, como
los empleados administrativos o públicos”. (JAIRO VILLEGAS ARBELAEZ. Derecho
Administrativo Laboral. Tomo I. Legis. 3ª Edición, 1998. Pág. 126).
[11] L. 136/94, art. 95, modificado por el art. 37 de la
L.617/00. Conc. C. Const. Sent.
C-952-01.
[12] Respecto
de las incompatibilidades del Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, ver
el Decreto 1421 de 1993.
[13]
C. de Estado. Sec.
5ª . Exp. 1887/98.
[14] L. 617/00, art. 38, que subrogó el art. 96 de la L.
136/94. Conc.: C. Const. Sent. C-540-01; C-837-01; C-838-01;
C-952-01.
[15]
L. 617/00, art. 39. Conc. C. Const. Sent. C-540-01. En lo pertinente esta sentencia dispuso: “Décimo Primero. Declarar la exequibilidad
condicionada del artículo 39 de la Ley 617 de 2000, en el sentido que la
incompatibilidad especial de 24 meses que allí se establece no se aplica al
alcalde municipal o distrital que se inscriba como candidato a Presidente de la
República por ser una situación ya regulada en el artículo 197 de la
Constitución Política.”
[16] Sobre
el tema, ver Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de Unificación.
Expediente 2015-00051-00, del 07/06/2016.
[17] L.
136/94, art. 46.
[18] En
relación con el Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, ver el Decreto
1421 de 1993.
[19]
L. 136/94, art.97
